Por: Sofia Aimee
Cada 8 de marzo, las calles se llenan de voces que recuerdan a las víctimas de violencia de género, a las desaparecidas y a quienes perdieron la vida en feminicidios. Sin embargo, persiste un error común: reducir las demandas de las mujeres a la intervención de símbolos por medio de la iconoclasia, ignorando que detrás de cada pinta hay una exigencia legítima de seguridad frente a un tejido social que permite la violencia.
La realidad es más cruda. Un feminicidio no ocurre de la nada; es la culminación de un camino de abusos e intimidación. Como señala ONU Mujeres, es el punto final de un proceso donde la mujer es colocada en una situación de inferioridad. Solemos sentir que es una estadística lejana, hasta que toca a nuestra puerta. Pero, ¿y si la semilla de esa violencia está en la desigualdad que normalizamos a diario?
Para entender esto, debemos hablar de la autonomía física: la capacidad de decidir libremente sobre nuestro cuerpo, sexualidad y reproducción, y el derecho a vivir libres de violencia. Lamentablemente, esta autonomía se vulnera constantemente. Un ejemplo claro es la falta de acceso real a la planificación familiar, limitada por estigmas sociales y tradiciones religiosas que priorizan el control sobre la voluntad de la mujer.
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Cuando a una mujer se le niega el control sobre su propio cuerpo, se valida una estructura de poder que puede escalar hasta la agresión física. La autonomía física es solo el primer paso; la económica y la política son los pilares que faltan para completar este mapa de libertad.
Para combatir la violencia de género, debemos aceptar el problema de raíz. Necesitamos un enfoque que incluya políticas públicas, pero sobre todo, un compromiso colectivo para dejar de ver la desigualdad como algo «normal». Solo recuperando nuestra autonomía podremos frenar la tragedia antes de que sea demasiado tarde.







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